ALETA alerta sobre US$6,000 millones en proyectos paralizados y advierte fuga de capital en La Altagracia

HIGÜEY, RD. – La Alianza Empresarial Turística de La Altagracia (ALETA) celebró una cena de trabajo con el obispo Jesús Castro Marte, en un encuentro abierto donde se discutieron los principales retos que enfrenta la provincia. Durante la reunión, el presidente de ALETA, José Sánchez, expuso un panorama firme sobre la situación actual: la organización reúne a más de 30 desarrolladores que ya han levantado 50,000 habitaciones hoteleras y tienen en carpeta otras 100,000, con inversiones que superan los 15,000 millones de dólares.

Ante directivos y autoridades como Monseñor Castro Marte, Fermín Acosta, Alberto Gaforio, Eduardo Hermana, Raffaella Delfino, Padre Jorge, Luis Carlos Serra, Padre Ángel, Padre Reyson, Fabio La Rosa y Luis Francis, Sánchez alertó que los retrasos en la emisión de permisos gubernamentales mantienen paralizados proyectos valorados en más de 6,000 millones de dólares. Esta situación, señaló, pone en riesgo miles de empleos, la credibilidad del país ante inversionistas internacionales y la competitividad frente a otros destinos turísticos del Caribe.

Durante el diálogo también se destacó la necesidad de establecer un mando único de coordinación estatal, que permita evitar la desarticulación entre los organismos públicos, como Medio Ambiente, Turismo, Hacienda, DGII y MIVED. Asimismo, se subrayó la relevancia del Plan de Ordenamiento Territorial para Verón–Punta Cana, que deberá diseñarse sin comprometer la seguridad jurídica de los propietarios ni frenar el crecimiento planificado.

Otro tema central fue la falta de mano de obra calificada. ALETA planteó la urgencia de implementar un sistema de carnetización para trabajadores haitianos, con el objetivo de regular su estatus migratorio y detener los abusos de redes ilegales que se aprovechan de su vulnerabilidad.

ALETA reafirmó su compromiso de continuar colaborando con la Iglesia y las autoridades para impulsar un desarrollo sostenible, que proteja la inversión, fortalezca la economía local y garantice el bienestar de las comunidades de toda la región.

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