Víctor de Aldama, ex asesor de Air Europa y líder de todos los casos de corrupción que investigan los jueces Peinado y Moreno en España en los que están implicados el ex ministro Ábalos y sus allegados en el ministerio de Transportes y presuntamente la mujer del presidente Sánchez, invirtió en República Dominicana una buena parte de las cuantiosas comisiones que recibió por todas las operaciones fraudulentas que llevó a cabo.
Aldama, cónsul en la provincia de Zamora por la intervención del secretario general de la Organización Mundial de Turismo, Zurab Pololikashvili, tenía varios testaferros españoles en RD y un venezolano perseguido por la justicia de Estados Unidos. El diario digital El Español, el más leído, publica los nombres de algunos de sus socios y señala que la entidad utilizada para sus inversiones es Banesco.
La Guardia Civil ya investiga a la empresa Pronalab en República Dominicana como sospechosa de pertenecer a la trama Koldo, en concreto, a Aldama y sus socios en el país caribeño. Aunque Pronalab fue constituida en abril de 2021 cambió de gestores y de socios en varias ocasiones, aunque siempre llegó a personas relacionadas con Aldama.
El juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, ha pedido a la Guardia Civil que investigue y siga el rastro del dinero cobrado por Aldama gracias a la comisión en la venta de mascarillas por 53 millones de euros.
Pronalab Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) fue constituida el 8 de abril de 2021, aunque la asamblea para su constitución se celebró el 26 de marzo del mismo año. La última asamblea está fechada el 18 de enero de 2022. En ambos casos la dirección es la misma, Avenida de la Independencia, una zona de oficinas al sur de Santo Domingo.
La sociedad fue constituida por Ignacio Díaz Tapia, investigado en la causa y uno de los socios de Aldama, junto a un ciudadano dominicano llamado Roberto Feliz Astacio y la sociedad Global Stratos Investmens SL, representada por el mismo Díaz Tapia. Global Stratos tiene como administrador único a la empresa Fertinvest Consulting, investigada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y como apoderados a Víctor de Aldama, Javier Serrano y su representante era César Moreno García.
Todos están investigados y formaban parte de un chat de whatsapp intervenido por la UCO bautizado con el nombre Fertinvest, una empresa de César Moreno García que a fecha de hoy cuenta con tres reclamaciones pendientes de la agencia tributaria, según la prensa internacional.
El órgano de gestión de la empresa dominicana de la trama estaba compuesto por cuatro gerentes, Javier Serrano Costumero, investigado por la Audiencia Nacional; Dino Di Anni, un ciudadano italiano que tuvo varios cargos en la española Duro Felguera, el último fue como Gerente de Desarrollo de Negocios; el español Ignacio Díaz Tapia y la dominicana Juana de los Santos Álvarez.
Díaz Tapia compró el 10 de noviembre de 2021 un total de mil acciones a Bernardo Castillo Pérez, empresario navarro que aparece también en la trama, a través de la sociedad Global Stratos Investments, otra de las empresas investigadas dentro de la causa Koldo por el juez Ismael Moreno.
En una aclaración la UCO explica que «a día de hoy se tiene constancia de que antes de que Aldama hubiera negociado el suministro de mascarillas a la Administración Pública con Soluciones de Gestión, lo habría hecho con la mercantil Transportes Anabel y Berna de Corella, administrada por Bernardo Castillo Pérez». Es decir, que ambos se conocían de antes de formalizar esta relación en República Dominicana.
Castillo Pérez vendió su participación en Pronalab por 10.000 pesos dominicanos, unos 157 euros y además se obligaba en su condición de vendedor «a no involucrarse o tener participación o interés, directa o indirectamente, individual, conjuntamente o a través de terceras personas, en el desarrollo de negocios similares al negocio de Pronalab SRL, que estén localizados dentro del territorio de la República Dominicana por un período de cinco (5) años que le sigan a la transferencia de las cuotas sociales (acciones)». En el mismo acto Castillo Pérez renunciaba por carta a su cargo de gerente dentro de la compañía.
El 30 de noviembre de 2021 un acta de la gerencia de Pronalab a la que ha accedido MONCLOA recoge los apoderamientos de Javier Serrano Costumero, imputado en la causa y del italiano Dino Di Ianni, que está en los informes de la UCO: «Ambos domiciliados en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, para que actuando de manera individual, en nombre y representación de la sociedad Pronolab SRL, puedan realizar todas las actividades y firmar los documentos necesarios para abrir, mantener y manejar cuentas bancarias tanto en pesos dominicanos, dólares estadounidenses o cualquier otra divisa que estimen necesaria, certificados de inversión y/o depósitos, apertura de cartas de crédito stand-by o a la vista, realizar inversiones, bonos de deuda, etc., en la forma que consideren convenientes en entidades financieras de la República Dominicana y el extranjero, así como expedir, firmar, endosar y cobrar cheques, giros, transferencias de fondos y otros efectos de comercio, efectuar depósitos de fondos (…)», es decir, que ambos tenían plenos poderes para operar en nombre de esa sociedad.
Javier Serrano, Ignacio Díaz, César Moreno y Víctor de Aldama compartían un grupo de whatsapp denominado «4 mosqueteros» en el que se hablaba supuestamente de traer dinero desde República Dominicana a Madrid. Pronalab era una empresa especializada en realizar pruebas PCR a turistas. Una de sus empleadas que aparece en el sumario del Caso Koldo era la encargada de contabilizar el dinero que se recibía allí para llevarlo a Miami.
Moreno mandaba un whatsapp el 22 de enero de 2022 a la citada empleada para decirle que él ySerrano «nos vamos a Miami y no puedo llevar más, en total 10.000 dólares cada uno». Por estos mensajes la Guardia Civil cree que parte del dinero todavía puede estar en República Dominicana.
Además de Pronalab los investigadores de la UCO han centrado sus pesquisas en Dominicana en las sociedades Modular HV Corp. y GSI Dominicana. En la primera consta como representante César Moreno y en la segunda Ignacio Díaz Tapia.
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