Compromiso agrietado: la verdad detrás de la unidad empresarial de Santiago, ACIS se retira de Compromiso Santiago
Después de amplios escarceos, la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) decidió retirarse de Compromiso Santiago. Este hecho constituye un hito en la historia empresarial de la ciudad y abre un debate impostergable sobre legitimidad, institucionalidad y el rol de los actores económicos en el desarrollo local. Más allá de una simple diferencia entre instituciones, expone la fragilidad de los espacios de concertación y plantea preguntas sobre las relaciones entre empresarios, gobierno y sociedad.
La legitimidad cuestionadaLa salida de la ACIS —la organización empresarial más grande del Cibao, con más de 3,000 empresas y 60 asociaciones aliadas— no se debió a diferencias menores, sino a un irrespeto institucional. Compromiso Santiago, en un gesto cercano a la ilegalidad, comunicó que no aceptaba a Sandy Filpo como representante de la ACIS, a pesar de que el derecho de designar delegados corresponde exclusivamente a la propia asociación.
Esto plantea una paradoja: ¿cómo puede un espacio informal pretender imponer limitaciones a una entidad formalmente constituida? ¿Qué autoridad tiene Compromiso Santiago para decidir quién representa a quién, sin base jurídica ni legitimidad?
El problema de la institucionalidad ausenteConviene recordar que Compromiso Santiago no es una institución legalmente establecida. Fue creado como espacio de diálogo por el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES), pero en la práctica ha quedado bajo control de la Asociación para el Desarrollo (APEDI), cuya coordinación transitoria se transformó en dirección permanente.
Al carecer de personalidad jurídica, este espacio no debería fungir como interlocutor oficial ni manejar fondos públicos. Sin embargo, lo ha hecho mediante una cuenta a nombre de APEDI, lo que genera dudas sobre transparencia y concentración de poder.
Más aún, resulta conveniente para las asociaciones de Compromiso Santiago que los fondos terminen en APEDI, una entidad compuesta por personas físicas y no por asociaciones, justo cuando los presidentes de esas seis instituciones son miembros del círculo exclusivo de APEDI. ¿No revela esto un claro conflicto de intereses y una concentración del poder económico en un grupo reducido?
El trasfondo financiero y políticoLa disputa no puede entenderse sin considerar los recursos. Proyectos como la revalorización del Centro Histórico, presupuestados en más de RD$1,900 millones, muestran un estancamiento alarmante. Tras cinco años, los avances visibles se reducen prácticamente a la calle Benito Monción, cuestionada por su diseño y ejecución.
Igualmente preocupante es el destino de los RD$290 millones gestionados por el Clúster Turístico y firmados públicamente en un acto transmitido a nivel nacional en noviembre del 2022 por el ministro David Collado. Gran parte de esos fondos se encuentran en cuentas de APEDI y Compromiso Santiago, de los cuales apenas RD$7.9 millones se destinaron al diseño de un cuestionado logo para la Marca Ciudad. ¿Cómo se justifica esta desviación y la paralización de proyectos ya respaldados política y financieramente?
Este manejo alimenta sospechas de intereses políticos. La administración discrecional no solo debilita la confianza en las instituciones empresariales, sino también la credibilidad del propio gobierno, que depositó expectativas en actores cuya capacidad de ejecución resulta cuestionable.
La fractura del empresariadoLa salida de la ACIS es síntoma de una fractura mayor en el empresariado. Lo que se presenta como unidad revela tensiones profundas en torno al poder y el acceso a recursos. La decisión de la ACIS marca un antes y un después: por primera vez, la institución más representativa del sector rompe con una estructura que pretende hablar en nombre de la ciudad, pero carece de base institucional sólida.
Aquí surge una pregunta crucial: ¿hasta qué punto el empresariado de Santiago está dispuesto a sacrificar institucionalidad en nombre de conveniencias? Y más aún, ¿qué consecuencias tendrá esta división para la capacidad de gestionar proyectos estratégicos en el futuro inmediato?
Reflexión finalEl caso de Compromiso Santiago obliga a repensar la gobernanza local. La concertación solo puede ser legítima si se apoya en instituciones transparentes y formalmente constituidas. De lo contrario, se cae en discrecionalidad, conflictos internos y pérdida de confianza ciudadana.
La crisis no debe verse solo como un choque entre la ACIS y la APEDI, sino como una advertencia sobre los riesgos de debilitar la institucionalidad y mezclar recursos públicos con intereses particulares. Santiago, como principal polo económico del Cibao, no puede sostener un modelo marcado por la opacidad y la improvisación.
El reto es enorme: recuperar la confianza, reconstruir la unidad sobre bases sólidas y replantear el modelo de concertación para responder a las verdaderas necesidades de la ciudad. Porque, en última instancia, la pregunta clave no es quién controla los fondos, sino quién garantiza que estos se traduzcan en desarrollo real para Santiago y su gente.
Después de amplios escarceos, la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) decidió retirarse de Compromiso Santiago. Este hecho constituye un hito en la historia empresarial de la ciudad y abre un debate impostergable sobre legitimidad, institucionalidad y el rol de los actores económicos en el desarrollo local. Más allá de una simple diferencia entre instituciones, expone la fragilidad de los espacios de concertación y plantea preguntas sobre las relaciones entre empresarios, gobierno y sociedad.
La legitimidad cuestionada La salida de la ACIS —la organización empresarial más grande del Cibao, con más de 3,000 empresas y 60 asociaciones aliadas— no se debió a diferencias menores, sino a un irrespeto institucional. Compromiso Santiago, en un gesto cercano a la ilegalidad, comunicó que no aceptaba a Sandy Filpo como representante de la ACIS, a pesar de que el derecho de designar delegados corresponde exclusivamente a la propia asociación.
Esto plantea una paradoja: ¿cómo puede un espacio informal pretender imponer limitaciones a una entidad formalmente constituida? ¿Qué autoridad tiene Compromiso Santiago para decidir quién representa a quién, sin base jurídica ni legitimidad?
El problema de la institucionalidad ausente Conviene recordar que Compromiso Santiago no es una institución legalmente establecida. Fue creado como espacio de diálogo por el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES), pero en la práctica ha quedado bajo control de la Asociación para el Desarrollo (APEDI), cuya coordinación transitoria se transformó en dirección permanente.
Al carecer de personalidad jurídica, este espacio no debería fungir como interlocutor oficial ni manejar fondos públicos. Sin embargo, lo ha hecho mediante una cuenta a nombre de APEDI, lo que genera dudas sobre transparencia y concentración de poder.
Más aún, resulta conveniente para las asociaciones de Compromiso Santiago que los fondos terminen en APEDI, una entidad compuesta por personas físicas y no por asociaciones, justo cuando los presidentes de esas seis instituciones son miembros del círculo exclusivo de APEDI. ¿No revela esto un claro conflicto de intereses y una concentración del poder económico en un grupo reducido?
El trasfondo financiero y político La disputa no puede entenderse sin considerar los recursos. Proyectos como la revalorización del Centro Histórico, presupuestados en más de RD$1,900 millones, muestran un estancamiento alarmante. Tras cinco años, los avances visibles se reducen prácticamente a la calle Benito Monción, cuestionada por su diseño y ejecución.
Igualmente preocupante es el destino de los RD$290 millones gestionados por el Clúster Turístico y firmados públicamente en un acto transmitido a nivel nacional en noviembre del 2022 por el ministro David Collado. Gran parte de esos fondos se encuentran en cuentas de APEDI y Compromiso Santiago, de los cuales apenas RD$7.9 millones se destinaron al diseño de un cuestionado logo para la Marca Ciudad. ¿Cómo se justifica esta desviación y la paralización de proyectos ya respaldados política y financieramente?
Este manejo alimenta sospechas de intereses políticos. La administración discrecional no solo debilita la confianza en las instituciones empresariales, sino también la credibilidad del propio gobierno, que depositó expectativas en actores cuya capacidad de ejecución resulta cuestionable.
La fractura del empresariado La salida de la ACIS es síntoma de una fractura mayor en el empresariado. Lo que se presenta como unidad revela tensiones profundas en torno al poder y el acceso a recursos. La decisión de la ACIS marca un antes y un después: por primera vez, la institución más representativa del sector rompe con una estructura que pretende hablar en nombre de la ciudad, pero carece de base institucional sólida.
Aquí surge una pregunta crucial: ¿hasta qué punto el empresariado de Santiago está dispuesto a sacrificar institucionalidad en nombre de conveniencias? Y más aún, ¿qué consecuencias tendrá esta división para la capacidad de gestionar proyectos estratégicos en el futuro inmediato?
Reflexión final El caso de Compromiso Santiago obliga a repensar la gobernanza local. La concertación solo puede ser legítima si se apoya en instituciones transparentes y formalmente constituidas. De lo contrario, se cae en discrecionalidad, conflictos internos y pérdida de confianza ciudadana.
La crisis no debe verse solo como un choque entre la ACIS y la APEDI, sino como una advertencia sobre los riesgos de debilitar la institucionalidad y mezclar recursos públicos con intereses particulares. Santiago, como principal polo económico del Cibao, no puede sostener un modelo marcado por la opacidad y la improvisación.
El reto es enorme: recuperar la confianza, reconstruir la unidad sobre bases sólidas y replantear el modelo de concertación para responder a las verdaderas necesidades de la ciudad. Porque, en última instancia, la pregunta clave no es quién controla los fondos, sino quién garantiza que estos se traduzcan en desarrollo real para Santiago y su gente.
