Fiscalía venezolana practica detenciones de funcionarios civiles investigados por supuestos hechos de corrupción

(CNN Español) — Una fuente cercana al sistema judicial venezolano confirmó a CNN que en las últimas horas la Policía Nacional Anticorrupción detuvo a los funcionarios Joselit Ramírez Camacho, jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y actividades conexas (Sunacrip); al presidente del Circuito judicial de Caracas, Cristóbal Cornieles Perret; y al alcalde del municipio Las Tejerías, en el Estado Aragua, Pedro Hernández. Además, sin precisar nombres, advirtió que otros funcionarios civiles han sido detenidos.

CNN intentó contactar a Ramírez Camacho, Cornieles Perret y Hernández, así como a su defensa, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta.

Esto ocurre horas después de que se diera a conocer un comunicado en el cual la Policía Nacional Anticorrupción informó que solicitó al Ministerio Público que sean encauzados individuos vinculados al poder judicial, la industria petrolera y las alcaldías municipales que según se señala en el escrito “podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos”.

Destacan además que realizaron una profunda investigación por meses que, según describen en el texto, “apunta a ciudadanos que ejercían funciones en el poder judicial, la industria petrolera y en algunas alcaldías municipales del país”.

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Recordemos que, en junio de 2020, Estados Unidos ofreció de forma pública una recompensa de US$ 5 millones a quien facilite la captura de Ramírez Camacho.

Según el pliego del Departamento de Justicia, Ramírez tendría lazos con supuestos capos del narcotráfico, incluyendo al actual vicepresidente del área económica y ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami. Ramírez es acusado por el Distrito sur de Estados Unidos por evadir sanciones relacionadas con narcóticos y por supuesto lavado de dinero en el ejercicio de cargos públicos en Venezuela.

El Aissami respondió en febrero de 2017 mediante una carta publicada en el periódico estadounidense New York Times asegurando que se trata de una acusación falsa y pidió a las autoridades estadounidenses rectificar.

El gobierno venezolano reaccionó en junio de 2020 a través de un comunicado a las sanciones emitidas contra Ramírez Camacho rechazando lo que consideraron como una agresión y un acto de persecución en contra del funcionario y cuestionando al entonces Presidente, Donald Trump.

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