Gobierno declara prioridad nacional el combate al “terrorismo medioambiental” y advierte sobre sanciones severas
El Gobierno dominicano declaró de alto interés nacional y prioridad estratégica el combate contra las acciones que atenten de manera deliberada y sistemática contra los parques nacionales y los recursos naturales críticos del país.
La medida está contenida en el Decreto 615-26, presentado este miércoles durante un acto celebrado en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, donde las autoridades fijaron una posición más contundente frente a las agresiones contra el patrimonio natural de la República Dominicana.
Durante la actividad, el presidente Luis Abinader calificó como “terrorismo medioambiental” aquellas acciones que impliquen la desaparición, destrucción o afectación sistemática de parques nacionales y otros espacios de alto valor ecológico.
El mandatario advirtió que el Estado aplicará una política de persecución firme contra quienes incurran en este tipo de prácticas, con el objetivo de fortalecer la protección de los ecosistemas y garantizar la preservación de los recursos naturales para las futuras generaciones.
Persecución penal
La nueva disposición establece como una prioridad estratégica la lucha contra las agresiones ambientales y procura reforzar la respuesta institucional ante acciones que puedan provocar daños graves o irreversibles a áreas protegidas y recursos naturales considerados críticos.
Las autoridades recordaron, además, que el Código Penal dominicano contempla sanciones drásticas para determinados delitos, incluyendo penas que pueden alcanzar los 20 y 30 años de prisión, de acuerdo con la naturaleza del hecho, el daño provocado y las circunstancias previstas por la legislación.
El Gobierno enfatizó que estas medidas buscan evitar que intereses particulares prevalezcan sobre la protección del patrimonio natural de la nación.
Un mensaje directo a los depredadores ambientales
La declaratoria representa también una advertencia a personas, empresas u organizaciones que participen en actividades ilegales que impliquen la destrucción o deterioro de áreas protegidas.
La posición oficial es que la defensa del medioambiente debe trascender las acciones administrativas y convertirse en una política permanente de Estado, respaldada por mecanismos de fiscalización, investigación y persecución judicial.
Los parques nacionales representan una parte fundamental del patrimonio ecológico dominicano y albergan ecosistemas, especies y fuentes de recursos naturales de importancia estratégica para el país.
Con el Decreto 615-26, el Gobierno busca elevar el nivel de respuesta frente a quienes atenten contra estos espacios y dejar establecido que la protección ambiental constituye una prioridad nacional.
El Gobierno dominicano declaró de alto interés nacional y prioridad estratégica el combate contra las acciones que atenten de manera deliberada y sistemática contra los parques nacionales y los recursos naturales críticos del país.
La medida está contenida en el Decreto 615-26, presentado este miércoles durante un acto celebrado en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, donde las autoridades fijaron una posición más contundente frente a las agresiones contra el patrimonio natural de la República Dominicana.
Durante la actividad, el presidente Luis Abinader calificó como “terrorismo medioambiental” aquellas acciones que impliquen la desaparición, destrucción o afectación sistemática de parques nacionales y otros espacios de alto valor ecológico.
El mandatario advirtió que el Estado aplicará una política de persecución firme contra quienes incurran en este tipo de prácticas, con el objetivo de fortalecer la protección de los ecosistemas y garantizar la preservación de los recursos naturales para las futuras generaciones.
Persecución penal
La nueva disposición establece como una prioridad estratégica la lucha contra las agresiones ambientales y procura reforzar la respuesta institucional ante acciones que puedan provocar daños graves o irreversibles a áreas protegidas y recursos naturales considerados críticos.
Las autoridades recordaron, además, que el Código Penal dominicano contempla sanciones drásticas para determinados delitos, incluyendo penas que pueden alcanzar los 20 y 30 años de prisión, de acuerdo con la naturaleza del hecho, el daño provocado y las circunstancias previstas por la legislación.
El Gobierno enfatizó que estas medidas buscan evitar que intereses particulares prevalezcan sobre la protección del patrimonio natural de la nación.
Un mensaje directo a los depredadores ambientales
La declaratoria representa también una advertencia a personas, empresas u organizaciones que participen en actividades ilegales que impliquen la destrucción o deterioro de áreas protegidas.
La posición oficial es que la defensa del medioambiente debe trascender las acciones administrativas y convertirse en una política permanente de Estado, respaldada por mecanismos de fiscalización, investigación y persecución judicial.
Los parques nacionales representan una parte fundamental del patrimonio ecológico dominicano y albergan ecosistemas, especies y fuentes de recursos naturales de importancia estratégica para el país.
Con el Decreto 615-26, el Gobierno busca elevar el nivel de respuesta frente a quienes atenten contra estos espacios y dejar establecido que la protección ambiental constituye una prioridad nacional.
