RESUMEN
Analizando noticia… por favor espera.
Desde las posiciones de Bobbio, Foucault, Crouch, Mair, Brown y Streeck se puede comprender por qué las instituciones democráticas siguen en pie mientras se evapora aquello que las justificaba, derivando en el cascaron intacto que hoy tenemos, cuya afirmación se soporta en el dato conocido y que no deja de inquietar: nunca hubo tantos Estados que celebran elecciones competitivas y nunca estuvo tan extendida la sospecha ciudadana de que las decisiones que verdaderamente importan se adoptan en otra parte. Los organismos electorales proclaman resultados, los congresos sesionan, los tribunales dictan sentencias, la prensa fiscaliza. El procedimiento funciona. Lo que se ha ido debilitando es la convicción de que ese procedimiento sirva para algo distinto que no sea administrar una alternancia entre opciones previamente colindantes.
A esa distancia creciente entre la vigencia de la forma y la erosión de su contenido la teoría política contemporánea la ha nombrado de varias maneras: posdemocracia, gobierno del vacío, desdemocratización, escenario que conviene tomarse en serio, porque no describe una ruptura autoritaria clásica, con tanques y bandos militares, sino algo más difícil de identificar: una democracia que conserva íntegro su armazón institucional mientras pierde capacidad efectiva de decidir. El golpe, si cabe la metáfora, no derriba el edificio; lo desocupa.
Partiendo de las promesas incumplidas de la forma liberal, antes de atribuir el vaciamiento exclusivamente al neoliberalismo, la honestidad intelectual obliga a reconocer que la democracia liberal cargaba con tensiones propias. Joseph Schumpeter ya había reducido en 1942 la democracia a un método: un arreglo institucional para que las élites compitan por el voto popular. La definición era descriptiva y deliberadamente modesta, pero abrió un camino que la ciencia política transitó con comodidad durante décadas. Robert Dahl afinó ese realismo con el concepto de poliarquía, consciente de que ningún régimen realmente existente satisfacía el ideal democrático y de que la desigualdad de recursos condicionaba la competencia.
Fue Norberto Bobbio, sin embargo, quien formuló el diagnóstico más incómodo. En El futuro de la democracia (1984) enumeró las promesas incumplidas del régimen democrático: la supervivencia de las oligarquías, la persistencia del poder invisible, la revancha de los intereses particulares sobre el interés general, los espacios sociales que la democracia nunca llegó a ocupar y, quizá el más grave, la ausencia del ciudadano educado que la teoría presuponía. Bobbio escribía antes de que el giro neoliberal se consolidara como sentido común planetario. Sus fisuras eran endógenas.
Chantal Mouffe añadió la clave estructural. En La paradoja democrática (2000) sostuvo que la democracia liberal no es una síntesis armónica sino la articulación contingente de dos gramáticas distintas: la liberal, que se ocupa de los derechos, los límites y el imperio de la ley, y la democrática, que se ocupa de la soberanía popular y la igualdad. Ambas se necesitan y se estorban. Cuando una absorbe a la otra, el régimen se desnaturaliza sin cambiar de nombre. De ahí nuestra hipótesis, el neoliberalismo, operó precisamente sobre ese punto de sutura.
Dejando claro que reducir el neoliberalismo a un recetario de privatizaciones y disciplina fiscal impide comprender su alcance político. Friedrich Hayek fue explícito donde otros fueron elusivos: en Derecho, legislación y libertad advirtió que liberalismo y democracia responden a preguntas diferentes. El primero se ocupa de los límites del poder; la segunda, de quién lo detenta. Y cuando ambos entran en conflicto, Hayek no dudaba en preferir el primero, hasta el punto de imaginar arquitecturas institucionales que sustrajeran las reglas económicas fundamentales del alcance de las mayorías coyunturales. Milton Friedman, en Capitalismo y libertad (1962), reforzó la idea de que el mercado protege la libertad individual justamente porque despolitiza decisiones que la deliberación colectiva tendería a distorsionar.
Michel Foucault leyó ese proyecto con una lucidez temprana. En el curso Nacimiento de la biopolítica (1978-1979) mostró que el neoliberalismo no consiste en menos Estado sino en un Estado bajo vigilancia del mercado, y que su verdadera novedad es la instauración deliberada de la competencia como norma general de conducta. El sujeto que allí se configura es el homo economicus concebido como empresario de sí mismo. Pierre Dardot y Christian Laval prolongaron ese análisis en La nueva razón del mundo (2009): el neoliberalismo es una racionalidad que se extiende desde la economía hasta la subjetividad, la administración pública, la educación y la propia vida asociativa.
Wendy Brown extrajo la consecuencia democrática en El pueblo sin atributos (2015). Si toda esfera humana se economiza, si el ciudadano se reconvierte en capital humano y el gobierno en gestión de indicadores de desempeño, entonces desaparece el sujeto mismo de la democracia. El demo no es derrotado en una batalla; se disuelve por falta de vocabulario. Quinn Slobodian, en Globalists (2018), completó el cuadro desde la historia intelectual: la tradición neoliberal ginebrina no buscó tanto desregular como blindar, encapsular los mercados dentro de instituciones deliberadamente sustraídas al vaivén de las mayorías nacionales. Tratados comerciales, tribunales arbitrales, bancos centrales independientes y reglas fiscales constitucionalizadas no son fallos del diseño democrático: son el diseño.
David Harvey aportó la dimensión material que a veces se olvida. En su Breve historia del neoliberalismo (2005) lo describió como un proyecto de restauración del poder de clase, exitoso en la redistribución ascendente de la riqueza, aunque mediocre en el crecimiento agregado. Puestas en conjunto, estas lecturas convergen en una tesis: el neoliberalismo no necesitó suprimir las elecciones. Le bastó con reducir el conjunto de cuestiones que las elecciones pueden decidir.
Un particular escenario se configuro, donde la posdemocracia se posiciona como proceso, no como catástrofe, que permitió a Colin Crouch nombrar el resultado en 2004. Estableciendo que la posdemocracia designa una situación en la que las instituciones representativas permanecen formalmente intactas y son incluso escrupulosamente respetadas, mientras la energía política real migra hacia círculos cerrados donde interactúan gobiernos electos y élites económicas. La campaña electoral se convierte en un espectáculo administrado por equipos profesionales de persuasión, y el debate público se organiza alrededor de temas cuidadosamente seleccionados por su inocuidad respecto de los intereses estructurales.
Peter Mair añadió la pieza que faltaba en Gobernando el vacío (2013), obra póstuma y difícilmente superable. Describió una retirada mutua: los ciudadanos abandonan los partidos, dejan de militar, de afiliarse y hasta de votar; y los partidos, a su vez, abandonan la sociedad para atrincherarse en el Estado. Junto a Richard Katz había formulado años antes, en 1995, el concepto de partido cartel: organizaciones que dependen del financiamiento público, colonizan las instituciones estatales, y compiten entre sí sin disputar el marco básico de las políticas. La competencia se vuelve intensa en lo simbólico y convergente en lo sustantivo. El elector percibe esa convergencia mucho antes de que la academia la teorice, y responde con abstención o con impotencia.
Wolfgang Streeck ofreció en Comprando tiempo (2013) la explicación estructural. El Estado contemporáneo, transformado de Estado fiscal en Estado deudor, tiene dos electorados simultáneos: el pueblo del Estado, que vota cada cuatro años, y el pueblo del mercado, que vota todos los días en los mercados de deuda soberana. Cuando ambos mandatos colisionan, la experiencia de las últimas décadas indica cuál prevalece. La consolidación presupuestaria y la calificación crediticia se convierten en restricciones que ningún resultado electoral consigue alterar.
Jacques Rancière, desde una tradición distinta, denunció en El odio a la democracia (2005) el desplazamiento del conflicto por la gestión: cuando gobernar se define como administrar lo necesario, la democracia queda reducida a consenso y el disenso se patologiza. Mouffe coincide desde otro ángulo: la pospolítica, el consenso obligatorio en el centro, no elimina el antagonismo, solo lo expulsa del cauce institucional. Y lo que se expulsa regresa. Yascha Mounk describió en El pueblo contra la democracia (2018) las dos mitades enfrentadas del régimen fracturado: un liberalismo sin democracia, tecnocrático y blindado, y una democracia sin liberalismo, plebiscitaria y hostil a los contrapesos. El populismo autoritario no es el origen del vaciamiento; es su factura.
En clave de las coordenadas latinoamericanas y dominicanas, América Latina vivió esta secuencia de manera comprimida y por ello especialmente reveladora. La tercera ola democratizadora coincidió casi exactamente con los programas de ajuste estructural, de modo que muchas de nuestras democracias nacieron ya condicionadas en su margen de decisión económica. Adam Przeworski había advertido en Democracia y mercado (1991) sobre esa simultaneidad y sus costos de legitimidad. Guillermo O’Donnell, por su parte, acuñó en 1994 la noción de democracia delegativa para describir regímenes que satisfacen el requisito electoral, pero debilitan la rendición de cuentas horizontal, concentrando la decisión en un ejecutivo que interpreta el voto como delegación en blanco.
La República Dominicana ofrece un caso instructivo. Nuestro sistema de partidos ha combinado alta competitividad electoral con baja diferenciación programática, financiamiento público sustancial, densidad clientelar persistente y una tendencia sostenida a la personalización del liderazgo. Es, casi punto por punto, la descripción del partido cartel aplicada a un contexto de institucionalidad en construcción. La legislación reciente, singularmente la Ley 33-18 sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos y la Ley 20-23, Orgánica de Régimen Electoral, avanzó en un terreno decisivo: la regulación del financiamiento, la equidad en la contienda y la fiscalización del gasto. Se trata de una respuesta institucional pertinente, y su implementación efectiva constituye hoy uno de los frentes más relevantes de la gobernanza electoral dominicana.
Sería ingenuo, no obstante, esperar que la norma agote el problema. La regulación puede corregir asimetrías y transparentar flujos, pero no repone por sí sola el vínculo entre partido y sociedad que Mair vio deshacerse. Ningún régimen de fiscalización sustituye la militancia, la deliberación interna, la formación de cuadros ni la existencia de programas que ofrezcan alternativas reales. La abstención creciente en la región, y particularmente en los comicios de menor jerarquía percibida, es menos apatía que un diagnóstico ciudadano sobre la relevancia del acto de votar.
A ello se suma una dimensión interna que el debate público dominicano suele pasar por alto. La lógica cartelizada no opera únicamente entre partidos: se reproduce dentro de ellos. Cuando la selección de candidaturas depende del control de las estructuras y de la capacidad de movilizar recursos, y no de la deliberación de una membresía activa, la competencia interna reproduce a escala reducida las mismas asimetrías que la ley procura corregir en la contienda general. De ahí que la fiscalización del financiamiento sea inseparable de la democracia intrapartidaria. Un régimen de rendición de cuentas que carezca de capacidad técnica de verificación y de sanción oportuna termina cumpliendo una función esencialmente simbólica, y el cumplimiento contable acaba sustituyendo a la transparencia efectiva. La pregunta pertinente, entonces, no es si contamos con normas suficientes, sino si el órgano electoral y las propias organizaciones políticas están dispuestos a asumir la fiscalización como instrumento de reconstrucción del vínculo representativo y no como una carga administrativa que se tramita y se archiva.
Partiendo de que nada de lo anterior autoriza la nostalgia, se avizora entonces la necesidad de reponer el demo. En virtud de que no existió jamás una edad dorada de participación plena a la cual convenga regresar, y las democracias latinoamericanas del siglo XX combinaron elecciones con exclusiones masivas. El problema no es que la democracia haya perdido una perfección que nunca tuvo, sino que está perdiendo la única cosa que la distingue: la posibilidad de que una decisión colectiva modifique el rumbo de la vida en común.
De ahí que reponer el demo exige, en consecuencia, ampliar el perímetro de lo decidible. Supone discutir públicamente qué materias fueron sustraídas de la deliberación y con qué justificación. Supone fortalecer la rendición de cuentas horizontal que O’Donnell reclamaba, en lugar de confiarlo todo al momento electoral. Supone tomarse en serio el financiamiento político como cuestión democrática de primer orden y no como asunto contable. Y supone, con Bobbio, atender aquella promesa incumplida que hoy resulta más urgente que ninguna: la formación del ciudadano, sin la cual las reglas del juego se convierten en un ritual que sus participantes ya no comprenden ni valoran.
La democracia liberal no está siendo derribada. Está siendo desalojada desde adentro, con las llaves puestas y las luces encendidas. La tarea de las generaciones por venir, no consiste en defender un edificio que sigue en pie, sino en volver a habitarlo.
Felipe Carvajal de los Santos
Politólogo- Master en Estudios Políticos Electorales. Universidad de Granada-PUCMM
Comenta
RESUMEN
Analizando noticia… por favor espera.
Desde las posiciones de Bobbio, Foucault, Crouch, Mair, Brown y Streeck se puede comprender por qué las instituciones democráticas siguen en pie mientras se evapora aquello que las justificaba, derivando en el cascaron intacto que hoy tenemos, cuya afirmación se soporta en el dato conocido y que no deja de inquietar: nunca hubo tantos Estados que celebran elecciones competitivas y nunca estuvo tan extendida la sospecha ciudadana de que las decisiones que verdaderamente importan se adoptan en otra parte. Los organismos electorales proclaman resultados, los congresos sesionan, los tribunales dictan sentencias, la prensa fiscaliza. El procedimiento funciona. Lo que se ha ido debilitando es la convicción de que ese procedimiento sirva para algo distinto que no sea administrar una alternancia entre opciones previamente colindantes.
A esa distancia creciente entre la vigencia de la forma y la erosión de su contenido la teoría política contemporánea la ha nombrado de varias maneras: posdemocracia, gobierno del vacío, desdemocratización, escenario que conviene tomarse en serio, porque no describe una ruptura autoritaria clásica, con tanques y bandos militares, sino algo más difícil de identificar: una democracia que conserva íntegro su armazón institucional mientras pierde capacidad efectiva de decidir. El golpe, si cabe la metáfora, no derriba el edificio; lo desocupa.
Partiendo de las promesas incumplidas de la forma liberal, antes de atribuir el vaciamiento exclusivamente al neoliberalismo, la honestidad intelectual obliga a reconocer que la democracia liberal cargaba con tensiones propias. Joseph Schumpeter ya había reducido en 1942 la democracia a un método: un arreglo institucional para que las élites compitan por el voto popular. La definición era descriptiva y deliberadamente modesta, pero abrió un camino que la ciencia política transitó con comodidad durante décadas. Robert Dahl afinó ese realismo con el concepto de poliarquía, consciente de que ningún régimen realmente existente satisfacía el ideal democrático y de que la desigualdad de recursos condicionaba la competencia.
Fue Norberto Bobbio, sin embargo, quien formuló el diagnóstico más incómodo. En El futuro de la democracia (1984) enumeró las promesas incumplidas del régimen democrático: la supervivencia de las oligarquías, la persistencia del poder invisible, la revancha de los intereses particulares sobre el interés general, los espacios sociales que la democracia nunca llegó a ocupar y, quizá el más grave, la ausencia del ciudadano educado que la teoría presuponía. Bobbio escribía antes de que el giro neoliberal se consolidara como sentido común planetario. Sus fisuras eran endógenas.
Chantal Mouffe añadió la clave estructural. En La paradoja democrática (2000) sostuvo que la democracia liberal no es una síntesis armónica sino la articulación contingente de dos gramáticas distintas: la liberal, que se ocupa de los derechos, los límites y el imperio de la ley, y la democrática, que se ocupa de la soberanía popular y la igualdad. Ambas se necesitan y se estorban. Cuando una absorbe a la otra, el régimen se desnaturaliza sin cambiar de nombre. De ahí nuestra hipótesis, el neoliberalismo, operó precisamente sobre ese punto de sutura.
Dejando claro que reducir el neoliberalismo a un recetario de privatizaciones y disciplina fiscal impide comprender su alcance político. Friedrich Hayek fue explícito donde otros fueron elusivos: en Derecho, legislación y libertad advirtió que liberalismo y democracia responden a preguntas diferentes. El primero se ocupa de los límites del poder; la segunda, de quién lo detenta. Y cuando ambos entran en conflicto, Hayek no dudaba en preferir el primero, hasta el punto de imaginar arquitecturas institucionales que sustrajeran las reglas económicas fundamentales del alcance de las mayorías coyunturales. Milton Friedman, en Capitalismo y libertad (1962), reforzó la idea de que el mercado protege la libertad individual justamente porque despolitiza decisiones que la deliberación colectiva tendería a distorsionar.
Michel Foucault leyó ese proyecto con una lucidez temprana. En el curso Nacimiento de la biopolítica (1978-1979) mostró que el neoliberalismo no consiste en menos Estado sino en un Estado bajo vigilancia del mercado, y que su verdadera novedad es la instauración deliberada de la competencia como norma general de conducta. El sujeto que allí se configura es el homo economicus concebido como empresario de sí mismo. Pierre Dardot y Christian Laval prolongaron ese análisis en La nueva razón del mundo (2009): el neoliberalismo es una racionalidad que se extiende desde la economía hasta la subjetividad, la administración pública, la educación y la propia vida asociativa.
Wendy Brown extrajo la consecuencia democrática en El pueblo sin atributos (2015). Si toda esfera humana se economiza, si el ciudadano se reconvierte en capital humano y el gobierno en gestión de indicadores de desempeño, entonces desaparece el sujeto mismo de la democracia. El demo no es derrotado en una batalla; se disuelve por falta de vocabulario. Quinn Slobodian, en Globalists (2018), completó el cuadro desde la historia intelectual: la tradición neoliberal ginebrina no buscó tanto desregular como blindar, encapsular los mercados dentro de instituciones deliberadamente sustraídas al vaivén de las mayorías nacionales. Tratados comerciales, tribunales arbitrales, bancos centrales independientes y reglas fiscales constitucionalizadas no son fallos del diseño democrático: son el diseño.
David Harvey aportó la dimensión material que a veces se olvida. En su Breve historia del neoliberalismo (2005) lo describió como un proyecto de restauración del poder de clase, exitoso en la redistribución ascendente de la riqueza, aunque mediocre en el crecimiento agregado. Puestas en conjunto, estas lecturas convergen en una tesis: el neoliberalismo no necesitó suprimir las elecciones. Le bastó con reducir el conjunto de cuestiones que las elecciones pueden decidir.
Un particular escenario se configuro, donde la posdemocracia se posiciona como proceso, no como catástrofe, que permitió a Colin Crouch nombrar el resultado en 2004. Estableciendo que la posdemocracia designa una situación en la que las instituciones representativas permanecen formalmente intactas y son incluso escrupulosamente respetadas, mientras la energía política real migra hacia círculos cerrados donde interactúan gobiernos electos y élites económicas. La campaña electoral se convierte en un espectáculo administrado por equipos profesionales de persuasión, y el debate público se organiza alrededor de temas cuidadosamente seleccionados por su inocuidad respecto de los intereses estructurales.
Peter Mair añadió la pieza que faltaba en Gobernando el vacío (2013), obra póstuma y difícilmente superable. Describió una retirada mutua: los ciudadanos abandonan los partidos, dejan de militar, de afiliarse y hasta de votar; y los partidos, a su vez, abandonan la sociedad para atrincherarse en el Estado. Junto a Richard Katz había formulado años antes, en 1995, el concepto de partido cartel: organizaciones que dependen del financiamiento público, colonizan las instituciones estatales, y compiten entre sí sin disputar el marco básico de las políticas. La competencia se vuelve intensa en lo simbólico y convergente en lo sustantivo. El elector percibe esa convergencia mucho antes de que la academia la teorice, y responde con abstención o con impotencia.
Wolfgang Streeck ofreció en Comprando tiempo (2013) la explicación estructural. El Estado contemporáneo, transformado de Estado fiscal en Estado deudor, tiene dos electorados simultáneos: el pueblo del Estado, que vota cada cuatro años, y el pueblo del mercado, que vota todos los días en los mercados de deuda soberana. Cuando ambos mandatos colisionan, la experiencia de las últimas décadas indica cuál prevalece. La consolidación presupuestaria y la calificación crediticia se convierten en restricciones que ningún resultado electoral consigue alterar.
Jacques Rancière, desde una tradición distinta, denunció en El odio a la democracia (2005) el desplazamiento del conflicto por la gestión: cuando gobernar se define como administrar lo necesario, la democracia queda reducida a consenso y el disenso se patologiza. Mouffe coincide desde otro ángulo: la pospolítica, el consenso obligatorio en el centro, no elimina el antagonismo, solo lo expulsa del cauce institucional. Y lo que se expulsa regresa. Yascha Mounk describió en El pueblo contra la democracia (2018) las dos mitades enfrentadas del régimen fracturado: un liberalismo sin democracia, tecnocrático y blindado, y una democracia sin liberalismo, plebiscitaria y hostil a los contrapesos. El populismo autoritario no es el origen del vaciamiento; es su factura.
En clave de las coordenadas latinoamericanas y dominicanas, América Latina vivió esta secuencia de manera comprimida y por ello especialmente reveladora. La tercera ola democratizadora coincidió casi exactamente con los programas de ajuste estructural, de modo que muchas de nuestras democracias nacieron ya condicionadas en su margen de decisión económica. Adam Przeworski había advertido en Democracia y mercado (1991) sobre esa simultaneidad y sus costos de legitimidad. Guillermo O’Donnell, por su parte, acuñó en 1994 la noción de democracia delegativa para describir regímenes que satisfacen el requisito electoral, pero debilitan la rendición de cuentas horizontal, concentrando la decisión en un ejecutivo que interpreta el voto como delegación en blanco.
La República Dominicana ofrece un caso instructivo. Nuestro sistema de partidos ha combinado alta competitividad electoral con baja diferenciación programática, financiamiento público sustancial, densidad clientelar persistente y una tendencia sostenida a la personalización del liderazgo. Es, casi punto por punto, la descripción del partido cartel aplicada a un contexto de institucionalidad en construcción. La legislación reciente, singularmente la Ley 33-18 sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos y la Ley 20-23, Orgánica de Régimen Electoral, avanzó en un terreno decisivo: la regulación del financiamiento, la equidad en la contienda y la fiscalización del gasto. Se trata de una respuesta institucional pertinente, y su implementación efectiva constituye hoy uno de los frentes más relevantes de la gobernanza electoral dominicana.
Sería ingenuo, no obstante, esperar que la norma agote el problema. La regulación puede corregir asimetrías y transparentar flujos, pero no repone por sí sola el vínculo entre partido y sociedad que Mair vio deshacerse. Ningún régimen de fiscalización sustituye la militancia, la deliberación interna, la formación de cuadros ni la existencia de programas que ofrezcan alternativas reales. La abstención creciente en la región, y particularmente en los comicios de menor jerarquía percibida, es menos apatía que un diagnóstico ciudadano sobre la relevancia del acto de votar.
A ello se suma una dimensión interna que el debate público dominicano suele pasar por alto. La lógica cartelizada no opera únicamente entre partidos: se reproduce dentro de ellos. Cuando la selección de candidaturas depende del control de las estructuras y de la capacidad de movilizar recursos, y no de la deliberación de una membresía activa, la competencia interna reproduce a escala reducida las mismas asimetrías que la ley procura corregir en la contienda general. De ahí que la fiscalización del financiamiento sea inseparable de la democracia intrapartidaria. Un régimen de rendición de cuentas que carezca de capacidad técnica de verificación y de sanción oportuna termina cumpliendo una función esencialmente simbólica, y el cumplimiento contable acaba sustituyendo a la transparencia efectiva. La pregunta pertinente, entonces, no es si contamos con normas suficientes, sino si el órgano electoral y las propias organizaciones políticas están dispuestos a asumir la fiscalización como instrumento de reconstrucción del vínculo representativo y no como una carga administrativa que se tramita y se archiva.
Partiendo de que nada de lo anterior autoriza la nostalgia, se avizora entonces la necesidad de reponer el demo. En virtud de que no existió jamás una edad dorada de participación plena a la cual convenga regresar, y las democracias latinoamericanas del siglo XX combinaron elecciones con exclusiones masivas. El problema no es que la democracia haya perdido una perfección que nunca tuvo, sino que está perdiendo la única cosa que la distingue: la posibilidad de que una decisión colectiva modifique el rumbo de la vida en común.
De ahí que reponer el demo exige, en consecuencia, ampliar el perímetro de lo decidible. Supone discutir públicamente qué materias fueron sustraídas de la deliberación y con qué justificación. Supone fortalecer la rendición de cuentas horizontal que O’Donnell reclamaba, en lugar de confiarlo todo al momento electoral. Supone tomarse en serio el financiamiento político como cuestión democrática de primer orden y no como asunto contable. Y supone, con Bobbio, atender aquella promesa incumplida que hoy resulta más urgente que ninguna: la formación del ciudadano, sin la cual las reglas del juego se convierten en un ritual que sus participantes ya no comprenden ni valoran.
La democracia liberal no está siendo derribada. Está siendo desalojada desde adentro, con las llaves puestas y las luces encendidas. La tarea de las generaciones por venir, no consiste en defender un edificio que sigue en pie, sino en volver a habitarlo.
Felipe Carvajal de los Santos
Politólogo- Master en Estudios Políticos Electorales. Universidad de Granada-PUCMM
Comenta
