El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha afirmado este jueves, en relación a la alerta sanitaria declarada por la Junta de Extremadura por aceite mal etiquetado procedente de empresas andaluzas, que aunque es «un caso puntual, no se puede dejar pasar».
En una entrevista en Canal Extremadura Radio, Planas se ha referido así a esta alerta, por la que se ha inmovilizado miles de litros de aceite de diferentes marcas y cuyos primeros análisis confirman la mezcla del llamado aceite lampante con refinados, no apto para el consumo.
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan)La Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud (SES) fue alertada hace una semana por dos consumidores que habían adquirido el aceite y detectaron características organolépticas alteradas, con lo que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) emitió una alerta sanitaria por fraude.
Dicha alerta ha provocado la inmovilización de hasta 68.000 litros de una decena de marcas en la región a la espera de los resultados analíticos, que han confirmado la presencia del llamado lampante con refinados al menos en una de ellas, «Cortijo de Oro».
Y este resultado, según la Junta, supone un delito contra la salud pública, por lo que se dará traslado a la justicia. Además de esta, han sido intervenidas hasta el momento Acebuche, Virgen del Guadiana, Cortijo del Oro, La Campiña de Andalucía, Galiaceite 2022, La Abadía, Villa de Jerez, Don Jaén Aceite 2019 e Imperio Andaluz, a las que más recientemente se han sumado «La Esmeralda» y «Vareado».
Hasta la fecha, no hay identificada la presencia de un riesgo para la salud derivado del consumo de aceites comercializados objeto de esta alerta, en su caso por fraude por una mezcla de aceites con calidades que no se corresponden con el tipo de aceite que aparece en la etiqueta de los envases.
«Una irregularidad penal»
Según el ministro de Agricultura, los hechos no son «ninguna irregularidad administrativa, es una irregularidad penal», y desde el Gobierno se está trabajando conjuntamente con la Junta de Extremadura, la de Andalucía y la Agencia de Seguridad Alimentaria porque «es fraude de consumo, pero es un fraude que va mucho más allá».
Por ello, espera que una vez concluidas las investigaciones el ministerio fiscal «sea muy activo con esta causa porque es un tema que no nos podemos permitir». Planas ha recordado que hace dos años se llevó al Consejo de Ministros y se aprobó la primera norma «tremendamente estricta» en materia de trazabilidad y comercialización de los aceites de oliva.
Además, ha puesto de manifiesto que España es país líder en aceite de oliva, el mayor productor del mundo, tanto en calidad como cantidad «y no nos podemos permitir ninguna falla».
