Ilustración: El Nuevo Diario.
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. — Maxy Gerardo Montilla Sierra, uno de los imputados en la Operación Antipulto, y varias de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y llegaron a un acuerdo con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y se comprometieron a devolver 2,000 millones de pesos al Estado dominicano.
El acuerdo fue homologado por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, bajo la dirección del juez Raymundo Mejía.
Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y Mirna Ortiz, de la Pepca, valoraron la resolución del tribunal e indicaron que esta decisión viene a reforzar los avances del Ministerio Público en su lucha contra la corrupción administrativa y la impunidad que impulsa la actual procuradora general, Yeni Berenice Reynoso.