RESUMEN
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La transformación de la Policía Nacional, desde que el mayor General Ramón Alcides Rodríguez Arias la inició en la década del 1990, constituye uno de los desafíos institucionales más importantes del Estado dominicano en las últimas décadas. En este contexto, el nuevo marco normativo que ha sido aprobado, aunque no es perfecto, representa un paso de avance que busca superar la simple reorganización administrativa para redefinir la función policial como una auténtica profesión de Estado, sustentada en la formación permanente, la meritocracia, la evaluación objetiva del desempeño, la certificación de competencias y un sistema integral de bienestar policial. Se trata de pasar del proyecto a la consolidación del proceso de profesionalización de la institución responsable de la seguridad pública y la paz social.
Uno de los mayores aportes de la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional consiste en sustituir el modelo tradicional de administración del personal policial por un verdadero régimen especial de carrera, tal como dispone la Constitución. El nuevo marco legal convierte el hecho de ser policía en una carrera especializada, un sistema integral de bienestar, un régimen especial de seguridad social y un sistema disciplinario apegado al Estado constitucional. A diferencia de la ley 590-16, que concibe la carrera principalmente como un sistema de ascensos y permanencia, la nueva ley la transforma en un proceso permanente de desarrollo profesional.
La nueva legislación también fortalece significativamente el componente académico de la carrera policial, que se convierte en un proceso continuo que comprende la selección, el ingreso, la educación profesional inicial, la educación continua, la certificación de competencias, la evaluación del desempeño, los reconocimientos, la disciplina y el retiro. Asimismo, incorpora la exigencia de capacitaciones académicas como requisito esencial para ascender dentro de los diferentes rangos: Oficiales subalternos: programas de perfeccionamiento en liderazgo, planificación y administración policial; Capitanes y mayores: especializaciones superiores y formación de posgrado en áreas relacionadas con seguridad, derecho, criminología, inteligencia o administración pública; Tenientes coroneles, coroneles y generales: cursos de comando, estado mayor, alta dirección estratégica y formación en políticas públicas de seguridad. Este esquema se complementa con otros componentes destinados a garantizar un mejor desempeño institucional, como la evaluación del desempeño, la validación de competencias y el régimen disciplinario, que orientan y cualifican permanentemente la conducta profesional del policía.
Además, configura un sistema de bienestar policial que incorpora mejores condiciones de salud, seguridad social, protección pensional y asistencia legal para los miembros de la institución, dignificando así la labor de quienes ejercen la función policial.
También es importante precisar que resulta incorrecto afirmar que la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional obliga a un agente a esperar veinticinco años para ascender de raso a cabo segundo, Esa interpretación parte de una lectura errónea del régimen especial de carrera. La ley establece un tiempo mínimo de permanencia en cada grado como uno de los requisitos para optar al ascenso, pero este no opera de manera automática ni significa que exista un período fijo de veinticinco años para alcanzar un determinado rango. Los ascensos dependen, además, de la formación académica, la certificación de competencias, la evaluación del desempeño, la disciplina y la disponibilidad de vacantes. De igual forma, la nueva legislación elimina el antiguo rango de raso para los nuevos ingresos, sustituyéndolo por el de agente patrullero. En consecuencia, resulta jurídicamente inexacto sostener que un miembro de la institución deba esperar veinticinco años para ascender a cabo segundo.
Asumir lo que será la nueva ley es apostar por la profesionalización, el bienestar integral y un régimen disciplinario justo para consolidar la reforma policial que durante años ha demandado la sociedad dominicana. Su adecuada implementación contribuirá a una Policía Nacional más eficiente, más profesional y más respetuosa de los derechos fundamentales.
Por: Juan Manuel Morel Pérez.
Abogado, Magíster en Seguridad y Defensa Nacional, Especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Doctorando en Derecho Administrativo Iberoamericano, Coordinador del Observatorio de Seguridad y Defensa-RD. j.morelperez@gmail.com Twitter: @juanmanuelrdsoyyo
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La transformación de la Policía Nacional, desde que el mayor General Ramón Alcides Rodríguez Arias la inició en la década del 1990, constituye uno de los desafíos institucionales más importantes del Estado dominicano en las últimas décadas. En este contexto, el nuevo marco normativo que ha sido aprobado, aunque no es perfecto, representa un paso de avance que busca superar la simple reorganización administrativa para redefinir la función policial como una auténtica profesión de Estado, sustentada en la formación permanente, la meritocracia, la evaluación objetiva del desempeño, la certificación de competencias y un sistema integral de bienestar policial. Se trata de pasar del proyecto a la consolidación del proceso de profesionalización de la institución responsable de la seguridad pública y la paz social.
Uno de los mayores aportes de la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional consiste en sustituir el modelo tradicional de administración del personal policial por un verdadero régimen especial de carrera, tal como dispone la Constitución. El nuevo marco legal convierte el hecho de ser policía en una carrera especializada, un sistema integral de bienestar, un régimen especial de seguridad social y un sistema disciplinario apegado al Estado constitucional. A diferencia de la ley 590-16, que concibe la carrera principalmente como un sistema de ascensos y permanencia, la nueva ley la transforma en un proceso permanente de desarrollo profesional.
La nueva legislación también fortalece significativamente el componente académico de la carrera policial, que se convierte en un proceso continuo que comprende la selección, el ingreso, la educación profesional inicial, la educación continua, la certificación de competencias, la evaluación del desempeño, los reconocimientos, la disciplina y el retiro. Asimismo, incorpora la exigencia de capacitaciones académicas como requisito esencial para ascender dentro de los diferentes rangos: Oficiales subalternos: programas de perfeccionamiento en liderazgo, planificación y administración policial; Capitanes y mayores: especializaciones superiores y formación de posgrado en áreas relacionadas con seguridad, derecho, criminología, inteligencia o administración pública; Tenientes coroneles, coroneles y generales: cursos de comando, estado mayor, alta dirección estratégica y formación en políticas públicas de seguridad. Este esquema se complementa con otros componentes destinados a garantizar un mejor desempeño institucional, como la evaluación del desempeño, la validación de competencias y el régimen disciplinario, que orientan y cualifican permanentemente la conducta profesional del policía.
Además, configura un sistema de bienestar policial que incorpora mejores condiciones de salud, seguridad social, protección pensional y asistencia legal para los miembros de la institución, dignificando así la labor de quienes ejercen la función policial.
También es importante precisar que resulta incorrecto afirmar que la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional obliga a un agente a esperar veinticinco años para ascender de raso a cabo segundo, Esa interpretación parte de una lectura errónea del régimen especial de carrera. La ley establece un tiempo mínimo de permanencia en cada grado como uno de los requisitos para optar al ascenso, pero este no opera de manera automática ni significa que exista un período fijo de veinticinco años para alcanzar un determinado rango. Los ascensos dependen, además, de la formación académica, la certificación de competencias, la evaluación del desempeño, la disciplina y la disponibilidad de vacantes. De igual forma, la nueva legislación elimina el antiguo rango de raso para los nuevos ingresos, sustituyéndolo por el de agente patrullero. En consecuencia, resulta jurídicamente inexacto sostener que un miembro de la institución deba esperar veinticinco años para ascender a cabo segundo.
Asumir lo que será la nueva ley es apostar por la profesionalización, el bienestar integral y un régimen disciplinario justo para consolidar la reforma policial que durante años ha demandado la sociedad dominicana. Su adecuada implementación contribuirá a una Policía Nacional más eficiente, más profesional y más respetuosa de los derechos fundamentales.
Por: Juan Manuel Morel Pérez.
Abogado, Magíster en Seguridad y Defensa Nacional, Especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Doctorando en Derecho Administrativo Iberoamericano, Coordinador del Observatorio de Seguridad y Defensa-RD. j.morelperez@gmail.com Twitter: @juanmanuelrdsoyyo
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