Mary Lawlor, relatora especial de la ONU de los Defensores de los Derechos Humanos. (Fuente externa).
EL NUEVO DIARIO, SAN SALVADOR. – La relatora especial de Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Mary Lawlor, pidió este martes que se retiren los cargos por los que el activista Alejandro Henríquez y el líder comunitario José Ángel Pérez están siendo procesados en El Salvador.
Henríquez y Pérez fueron detenidos el 13 de mayo pasado luego de participar en una concentración pacífica en la que pedían al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, apoyo para parar el desalojo de cientos de campesinos. Son procesados por los delitos de desórdenes públicos y resistencia.
Un tribunal de El Salvador tiene previsto este miércoles celebrar una audiencia especial en la que se revisará la medida de detención provisional en contra de Henríquez y Pérez.
Lawlor publicó en X que seguirá de cerca la audiencia y enfatizó que el joven activista Henríquez, abogado de profesión, y el pastor y líder comunitario Pérez «permanecen incomunicados desde mayo».
«Reitero mi llamamiento para que sean puestos en libertad y se retiren los cargos en su contra», apuntó Lawlor.
El comisionado alemán para los Derechos Humanos y la Asistencia Humanitaria, Lars Castellucci, también se pronunció este martes y señaló en X que sigue junto «con muchas organizaciones de la sociedad civil alemana el destino de Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez».
«Esperamos un juicio transparente y justo desde mañana. La labor de la sociedad civil en El Salvador y Alemania es esencial para una sociedad abierta e inclusiva», expresó.
Entre tanto, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) aseguró, también en X, que «José Ángel y Alejandro fueron detenidos arbitrariamente durante una vigilia pacífica y están en prisión preventiva criminalizados por defender tierra y territorio».
«¡Exigimos su liberación inmediata!», agregó.
La organización Amnistía Internacional (AI) también exigió este martes a las autoridades de El Salvador «garantizar de forma inmediata e incondicional la libertad» de Henríquez y Pérez, y señaló que «su detención es arbitraria y profundamente injusta».
El pasado 30 de mayo, el joven abogado y el líder comunitario enfrentaron la audiencia inicial del proceso penal en su contra y el juzgado a cargo rechazó la petición de la defensa de decretar libertad condicional, ordenó la detención provisional y un período de seis meses para la etapa de instrucción.
