Ante la reciente publicación en redes sociales que solicita la liberación de un joven acusado de envenenar perros y gatos en la ciudad de La Romana, como ciudadana comprometida con el bienestar animal y el respeto a la ley, me veo en el deber de responder con claridad y responsabilidad:
El maltrato animal es un delito, no un error sin consecuencias.La Ley 248-12 sobre Protección Animal y Tenencia Responsable establece de forma inequívoca que el envenenamiento, tortura o asesinato de animales constituye un acto criminal y está sujeto a sanciones penales. No es un simple error, ni debe minimizarse por la condición social, edad o productividad del agresor.
Justificar el envenenamiento por molestias causadas por animales en la calle no es admisible.Todos los ciudadanos tenemos derecho a una comunidad limpia y segura, pero eso no da lugar a actuar con violencia ni a tomar la justicia en nuestras manos. Las autoridades deben intervenir a través de campañas de esterilización, vacunación, educación ciudadana y control humanitario, no mediante el exterminio.
Defender la vida animal no es incompatible con la salud pública.Es posible —y necesario— crear un equilibrio entre el orden urbano y la protección de los seres vivos que comparten nuestro entorno. Justificar un crimen bajo el argumento de que los animales “mean, hacen caca o molestan” es retroceder como sociedad.
Este caso no es persecución, es un precedente legal.Si todos callamos cuando se comete un delito contra un ser indefenso, validamos la violencia como forma de convivencia. Esta acción judicial debe verse como un llamado de atención a quienes aún creen que matar animales es una solución válida.
Las organizaciones animalistas trabajan, aunque no siempre con recursos suficientes.Cientos de voluntarios en La Romana y otras ciudades trabajan día y noche recogiendo, alimentando y esterilizando animales callejeros. No tienen el deber institucional de limpiar calles —eso corresponde a las autoridades—, pero sí tienen el valor moral de actuar por compasión y responsabilidad.
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Exigir justicia no es venganza, es respeto a la ley.No podemos avanzar como país si seguimos tolerando la crueldad, minimizando el sufrimiento de los más vulnerables, y justificando delitos en nombre de la “productividad” o la “limpieza”.
Los animales también tienen derecho a la vida. Y la justicia debe hablar por quienes no pueden defenderse
Ante la reciente publicación en redes sociales que solicita la liberación de un joven acusado de envenenar perros y gatos en la ciudad de La Romana, como ciudadana comprometida con el bienestar animal y el respeto a la ley, me veo en el deber de responder con claridad y responsabilidad:
- El maltrato animal es un delito, no un error sin consecuencias.
La Ley 248-12 sobre Protección Animal y Tenencia Responsable establece de forma inequívoca que el envenenamiento, tortura o asesinato de animales constituye un acto criminal y está sujeto a sanciones penales. No es un simple error, ni debe minimizarse por la condición social, edad o productividad del agresor. - Justificar el envenenamiento por molestias causadas por animales en la calle no es admisible.
Todos los ciudadanos tenemos derecho a una comunidad limpia y segura, pero eso no da lugar a actuar con violencia ni a tomar la justicia en nuestras manos. Las autoridades deben intervenir a través de campañas de esterilización, vacunación, educación ciudadana y control humanitario, no mediante el exterminio. - Defender la vida animal no es incompatible con la salud pública.
Es posible —y necesario— crear un equilibrio entre el orden urbano y la protección de los seres vivos que comparten nuestro entorno. Justificar un crimen bajo el argumento de que los animales “mean, hacen caca o molestan” es retroceder como sociedad. - Este caso no es persecución, es un precedente legal.
Si todos callamos cuando se comete un delito contra un ser indefenso, validamos la violencia como forma de convivencia. Esta acción judicial debe verse como un llamado de atención a quienes aún creen que matar animales es una solución válida. - Las organizaciones animalistas trabajan, aunque no siempre con recursos suficientes.
Cientos de voluntarios en La Romana y otras ciudades trabajan día y noche recogiendo, alimentando y esterilizando animales callejeros. No tienen el deber institucional de limpiar calles —eso corresponde a las autoridades—, pero sí tienen el valor moral de actuar por compasión y responsabilidad.
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Exigir justicia no es venganza, es respeto a la ley.
No podemos avanzar como país si seguimos tolerando la crueldad, minimizando el sufrimiento de los más vulnerables, y justificando delitos en nombre de la “productividad” o la “limpieza”.
Los animales también tienen derecho a la vida. Y la justicia debe hablar por quienes no pueden defenderse