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Un tribunal federal estadounidense dejó sin efecto la política del Gobierno de Donald Trump que suspendía la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, al determinar que el secretario de Estado, Marco Rubio, se excedió en las facultades que le concede la legislación migratoria.
La decisión fue emitida por la jueza Jeannette Vargas, del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, quien cuestionó la legalidad de la medida implementada por el Departamento de Estado a comienzos de este año.
En una sentencia de 61 páginas, Vargas calificó la política de “manifiestamente ilegal” y concluyó que la Administración no podía establecer una suspensión generalizada basada en la nacionalidad de los solicitantes sin respetar los procedimientos establecidos por las leyes de inmigración estadounidenses.
El argumento del Gobierno
La Administración Trump había defendido la suspensión bajo el argumento de que determinados solicitantes procedentes de esos países representaban un mayor riesgo de convertirse en una carga económica para Estados Unidos.
Sin embargo, la jueza consideró que esa justificación no otorgaba al secretario de Estado autoridad suficiente para establecer una suspensión general de este tipo.
El fallo pone nuevamente en el centro del debate el alcance de las facultades del Ejecutivo estadounidense en materia migratoria y los límites que pueden imponer los tribunales federales a las políticas de inmigración.
Una decisión con repercusión internacional
La medida había generado preocupación entre miles de personas que tenían procesos migratorios en curso o esperaban solicitar visas de inmigrante para establecerse legalmente en Estados Unidos.
Entre los países afectados se encontraban varias naciones de América Latina y el Caribe, además de países de África, Asia y Medio Oriente.
La decisión judicial representa, por tanto, un revés para una de las políticas migratorias impulsadas por la Administración Trump y podría tener consecuencias importantes para quienes permanecían a la espera de la reanudación de sus procesos.
No obstante, el Gobierno estadounidense todavía puede recurrir la decisión ante instancias superiores, por lo que el futuro de la política dependerá también de las próximas actuaciones judiciales.
