Se llama Fernando Galindo. Fue director general de Cooperación Autonómica y Local y después subsecretario en el gabinete del Ministerio de Política Territorial del pasado Gobierno de Pedro Sánchez. Ahora es secretario general y letrado mayor del Congreso de los Diputados por designación de Francina Armengol y posterior votación. Es la persona que deberá rubricar el trámite de la ley de amnistía que el PSOE se ha comprometido a impulsar con Junts y ERC.
Galindo fue escogido el 3 de noviembre por mayoría de la Mesa del Congreso gracias a los cinco votos favorables de los PSOE y Sumar y con el voto en contra de los cuatro miembros del PP, que ya denunciaban el oportunismo del Gobierno para que «valide» la ley de amnistía.
Antes del debate y votación de la proposición de ley orgánica, el texto debe ser tramitado por el órgano de control de la Cámara Baja, para lo cual es necesaria una calificación previa que será llevada a cabo por Galindo. Y su posición ya está encaminada: el nuevo letrado mayor ha hecho oficial un informe en el que asegura que no ve «palmaria constitucionalidad» en la norma.
El Partido Popular ha exigido una recusación para el secretario, como avanzó antes de su asignación definitiva, por «vulnerar los principios legales de imparcialidad y objetividad» en referencia a su relación con el Ejecutivo de Sánchez en la anterior legislatura.
