Cuando este jueves llegue a su fin, Pedro Sánchez habrá conseguido su segunda investidura como presidente del Gobierno, con una amplia mayoría parlamentaria. Será un éxito de primera magnitud para alguien que ha perdido las elecciones, y con una distancia notable con respecto a la primera fuerza política.
Hay quien considera que la peor experiencia para el líder de uno de los grandes partidos es no llegar al poder. Eso fue lo que les ocurrió a Manuel Fraga, Antonio Hernández Mancha, Joaquín Almunia, Alfredo Pérez Rubalcaba o Pablo Casado. Pero para un líder político quizá sea un escenario aún más doloroso alcanzar el poder y ser expulsado por las urnas la primera vez que busca la reelección.
Sánchez llegó a la Moncloa mediante una moción de censura cuando solo disponía de 84 de los 350 escaños del Congreso. Después convocó elecciones desde el poder y las ganó con cierta holgura, aunque lejos de la mayoría. Pero, cuando el pasado 23 de julio sometió al criterio de las urnas su gestión como presidente durante casi cuatro años, Sánchez perdió. Su única opción de sostenerse en el cargo era pagar el precio de meter a Puigdemont en la lista de los incómodos socios que le dan apoyo parlamentario: Yolanda Díaz (antes Podemos), Oriol Junqueras y Arnaldo Otegi, además de los siempre avispados dirigentes del PNV, que siempre ganan, gobierne quien gobierne. Y Sánchez se ha aliado con el prófugo «en nombre de España», según su propia interpretación.
Ahora se inicia un mandato de cuatro años que, según los acuerdos a los que Sánchez ha llegado con Esquerra y con Junts, estará sometido al escrutinio de un «verificador» que le dirá al presidente del Gobierno de España si lo está haciendo bien o mal, una tarea que en las democracias solía ser competencia de los parlamentos. Pero quizá nos hayamos quedado anticuados y ahora lo moderno sea que nos verifiquen desde un lugar del extranjero que aún desconocemos, y por unos verificadores extranjeros cuyos nombres, de momento, son secretos.
Hemos entrado en un territorio inexplorado en el que, incluso aquellos que han sido parte del ecosistema socialista desde siempre, se sienten obligados a justificarse. Le ocurrió hace unos días en el diario El País a Fernando Vallespín, responsable del CIS con el presidente Zapatero: Vallespín cerraba un artículo muy crítico con el pacto Sánchez-Puigdemont, con estas palabras: «No me vengan con la cantinela de que criticar este acuerdo es de derechas. Soy de izquierdas y he votado toda mi vida al PSOE». O Felipe González, secretario general del partido durante más de veinte años, quien, preguntado por sus discrepancias con Sánchez, respondió casi con melancolía: «Yo también soy del PSOE».
